Especialidad Penal
Defensa estratégica de funcionarios públicos y contratistas del Estado en casos de corrupción, colusión, peculado y cohecho. Protegemos su libertad y su trayectoria profesional.
Funcionarios de adquisiciones, comités de selección, contratistas
Alcaldes, gobernadores, tesoreros, directores de entidades públicas
Funcionarios públicos, magistrados, empresarios
Funcionarios con poder de decisión, asesores, intermediarios
Jueces, fiscales, notarios, registradores públicos
Lo que nuestros clientes enfrentan
La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por presunta colusión en un proceso de licitación o adjudicación. Necesita demostrar que actuó conforme a la normativa de contrataciones del Estado.
Lo acusan de haberse apropiado o dado uso indebido a recursos del Estado en su cargo de alcalde, director o funcionario. Debe acreditarse la legalidad de los gastos y la correcta rendición de cuentas.
La fiscalía solicita prisión preventiva alegando peligro de fuga u obstaculización. Es posible desvirtuarlo técnicamente demostrando arraigo, colaboración procesal y ausencia de peligro.
Aunque la colusión es un delito especial de funcionarios, usted como contratista o proveedor fue incluido como partícipe (extraneus). La defensa debe demostrar la ausencia de acuerdo colusorio y la buena fe comercial.
Un informe de control identificó presuntas irregularidades administrativas y fue derivado al Ministerio Público. Es clave diferenciar la responsabilidad administrativa de la penal para evitar una imputación desproporcionada.
Lo acusan de haber solicitado, aceptado o mediado beneficios indebidos en el ejercicio de la función pública. La defensa requiere un análisis riguroso de los elementos probatorios y la tipicidad del delito.
Análisis de la regularidad administrativa de los procesos de contratación cuestionados.
Defensa técnica basada en la falta de dolo y el principio de confianza del funcionario.
Cuestionamiento de pericias contables de la Contraloría o del Ministerio Público.
Exclusión de prueba ilícita obtenida en allanamientos o levantamientos de secreto.
Estrategia integral que abarca el proceso penal y el procedimiento administrativo sancionador.
Tres décadas de ejercicio exclusivo en defensa penal de funcionarios públicos y contratistas del Estado. Casos resueltos en todas las instancias del Poder Judicial y la Corte Suprema.
Cada defensa se construye con análisis dogmático riguroso, peritajes especializados y un conocimiento profundo de la normativa de contrataciones del Estado y la jurisprudencia vinculante.
A diferencia de estudios masivos, en el Estudio Pizarro su caso es atendido personalmente por el Dr. Pizarro, quien supervisa cada etapa del proceso y comparece en las audiencias clave.
Desde la investigación preliminar hasta el recurso de casación ante la Corte Suprema. No abandonamos un caso hasta agotar todas las herramientas legales disponibles.
Lo primero es no declarar sin la asesoría de un abogado penalista especializado. Cualquier declaración en esta etapa puede comprometer gravemente la estrategia de defensa. Es fundamental contar con representación legal desde el inicio de la investigación para evaluar los hechos, identificar los riesgos procesales y diseñar una defensa sólida antes de cualquier diligencia fiscal.
Sí. Aunque la colusión es un delito especial de funcionarios, los extraneus (empresarios, contratistas, proveedores) pueden ser procesados como cómplices o partícipes. Una defensa especializada puede demostrar la ausencia de acuerdo colusorio o la buena fe en la contratación.
Es posible, especialmente en casos de gran connotación pública. Sin embargo, la prisión preventiva requiere presupuestos específicos que un abogado experimentado puede desvirturar técnicamente, demostrando arraigo, colaboración con la justicia y ausencia de peligro procesal.
Contáctenos hoy para una evaluación confidencial de su caso. Cada día sin una estrategia legal adecuada puede comprometer el resultado.
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